Así podría transformarse el horario laboral en México según las propuestas actuales
Qué se ha discutido oficialmente sobre la reducción de la jornada laboral y qué implicaría para las organizaciones y sus áreas de Recursos Humanos
La reducción de la jornada laboral en México se ha convertido en uno de los temas más relevantes de este año para empresas, trabajadores y especialistas en Recursos Humanos. Durante el segundo semestre de 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impulsó un proceso nacional de diálogo mediante foros realizados en distintas regiones del país. El propósito fue analizar, junto con representantes empresariales, organizaciones de trabajadores, instituciones académicas y organismos internacionales, cómo podría llevarse a cabo la transición hacia una semana laboral de 40 horas.
Este debate ocurre porque México mantiene una de las cargas laborales más altas del mundo industrializado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reportado de manera constante que los trabajadores mexicanos superan las dos mil horas laboradas al año, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra que un sector considerable de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas a la semana. Estas condiciones explican por qué se está buscando un modelo más equilibrado y sostenible entre productividad y bienestar.
Qué se está revisando antes de decidir sobre la jornada laboral
La importancia de analizar la reducción de la jornada laboral radica en su impacto directo en la productividad, el bienestar de las personas trabajadoras y la organización interna de los centros de trabajo. Para avanzar en este tema, la STPS inició un ciclo de foros como mecanismo de diálogo social, con el objetivo de reunir perspectivas de empresas, sindicatos, especialistas y autoridades antes de presentar cualquier propuesta formal.
Durante estos encuentros se revisaron elementos fundamentales como el efecto en la competitividad, la estructura de costos laborales, las características operativas de cada sector económico y las condiciones necesarias para una implementación ordenada. De manera consistente, las autoridades laborales han reiterado que la meta en discusión es transitar hacia una jornada semanal de 40 horas, en comparación con el límite de 48 horas actualmente vigente en la mayoría de los centros de trabajo.
Este proceso se lleva a cabo bajo la premisa de que la jornada laboral influye tanto en el desempeño económico como en la calidad de vida de las personas trabajadoras, por lo que requiere una evaluación integral basada en evidencia.
Qué se conoce hasta ahora sobre la propuesta
Si bien la iniciativa final aún no se presenta formalmente, existen elementos que ya se han dado a conocer a través de las autoridades laborales y del propio proceso de diálogo social.
Uno de los puntos que ha sido mencionado de manera reiterada es que la reducción de la jornada no debería traducirse en una disminución salarial. Esta postura se ha planteado tanto desde el gobierno como desde diversos grupos representados en los foros.
Otra consideración relevante es que la transición deberá ser gradual, ya que los sectores productivos del país no operan con las mismas características. Industrias como manufactura, logística y servicios tienen estructuras operativas y demandas específicas que requieren esquemas de adaptación acordes a sus necesidades.
Asimismo, se ha insistido en que cualquier modificación deberá considerar mecanismos que permitan mantener la productividad, ya que la duración de la jornada es solo una de las variables que determinan el desempeño laboral.
Finalmente, existe una expectativa de que el proyecto sea presentado ante el Poder Legislativo durante el segundo semestre de 2025, lo que confirma que este análisis ya forma parte de un calendario de trabajo.
Tras el cierre oficial de los foros de Parlamento Abierto, la Cámara de Diputados informó que esta etapa de consulta concluyó sin un consenso técnico, pero con puntos de coincidencia claros: la necesidad de revisar la jornada laboral y avanzar hacia modelos más equilibrados.
Durante las seis sesiones, trabajadores, especialistas y distintas organizaciones respaldaron la reducción sin afectaciones salariales, mientras que el sector empresarial reiteró la importancia de una transición gradual y diferenciada por sector.
Con este material, las comisiones legislativas ahora deberán integrar los resultados y continuar con el análisis del dictamen. Aunque no hay una fecha definida para su votación, la discusión ya pasó a una fase formal dentro del Congreso.
Qué implicaría este cambio para las organizaciones
Con el cierre del Parlamento Abierto, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral pasó oficialmente a la etapa legislativa. Aunque aún no existe un dictamen final, las conclusiones de los foros dejaron claro que el tema seguirá avanzando dentro del Congreso y que, tarde o temprano, las empresas deberán adaptarse a los lineamientos que se definan. Por ello, muchas organizaciones ya comenzaron a revisar sus procesos internos para anticipar escenarios.
Uno de los aspectos centrales será la redistribución del tiempo de trabajo. Una semana de 40 horas obligaría a reorganizar turnos, redefinir prioridades operativas y optimizar el uso del tiempo, especialmente en actividades donde la demanda de servicio es continua.
Uno de los aspectos centrales será la redistribución del tiempo de trabajo. Una semana de 40 horas obligaría a reorganizar turnos, redefinir prioridades operativas y optimizar el uso del tiempo, especialmente en actividades donde la demanda de servicio es continua.
También será necesario revisar la carga laboral de los equipos. Si la reducción de horas se implementa sin afectar el salario —una de las coincidencias expresadas en los foros— las empresas deberán equilibrar responsabilidades para evitar sobrecargas, rezagos o impactos en productividad.
Asimismo, los foros confirmaron que no todos los sectores enfrentarán el cambio de la misma manera. Industrias con operaciones 24/7 podrían requerir más personal o nuevos modelos de rotación, mientras que áreas administrativas o de servicios profesionales podrían transitar de forma más directa hacia esquemas de trabajo optimizados.
En cualquier escenario, las organizaciones deberán considerar tanto la continuidad operativa como las condiciones que permitan que la transición sea sostenible, gradual y ajustada a la realidad de cada sector.
4. Beneficios ante la reducción de la jornada laboral
Las discusiones del Parlamento Abierto también recogieron evidencia sobre los beneficios potenciales de un esquema laboral más equilibrado. Diversos especialistas coincidieron en que jornadas más cortas pueden mejorar el bienestar, reducir el agotamiento y fortalecer el compromiso del personal, factores que impactan directamente en la retención de talento.
Al mismo tiempo, los retos fueron ampliamente reconocidos: la necesidad de ajustar procesos, posibles incrementos de costos en sectores que requieran más personal y la importancia de mantener niveles adecuados de desempeño durante la transición. Estos elementos explican por qué se insiste en una implementación gradual y diferenciada por industria.
Para las empresas, esto significa que la reducción de la jornada no solo implicaría reorganizar horas, sino repensar la manera en que se gestiona el tiempo, se coordinan actividades y se evalúa la productividad.
La reducción de la jornada laboral como horizonte de transformación
Los resultados de los foros confirmaron que México ya se encuentra en una etapa formal de análisis legislativo para modernizar la jornada laboral. Aunque aún falta la definición del dictamen, el consenso general fue que el país necesita modelos de trabajo más equilibrados y que la discusión debe continuar con base en evidencia técnica y sectorial.
Para las empresas y, en particular, para las áreas de Recursos Humanos, este momento representa una oportunidad para anticiparse. Prepararse desde ahora permite evaluar escenarios, identificar áreas críticas y diseñar ajustes que faciliten una transición ordenada una vez que se conozca la dirección final de la reforma.
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